El diputado Sergio Más Varela (Cambiemos) solicitó al gobernador Miguel Lifschitz que dé marcha atrás y derogue el decreto Nº 4.036/2018 que introdujo cambios en el sistema actual de mediación que tiene la provincia. “Días atrás se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el decreto 4.036 que produce modificaciones sustanciales a la Ley de Mediación 13.151, generando fuerte rechazo de los mediadores, profesionales, usuarios y destinatarios del sistema de mediación prejudicial obligatoria”, señaló.
Para el legislador “el Poder Ejecutivo tomó la decisión de alterar el sistema implementado por la Ley Provincial de Mediación, contradiciendo gravemente el fin y el objeto de la mediación como mecanismo de resolución de conflictos extrajudiciales, desconociendo el trabajo que se viene realizando en la Legislatura. El decreto habla de tolerancia, solución negociada y consenso, pero entre gallos y medianoche el gobernador ordenó, en contra de lo que establece nuestro sistema constitucional, la modificación del sistema de mediación por fuera de la Legislatura, sin dar participación a mediadores, profesionales y destinatarios del sistema de mediación” acotó.
Más Varela señaló que la Cámara de Diputados se encontraba abocada al estudio de los proyectos de modificación del sistema de mediación prejudicial existente, en particular el Mensaje 4.709 del Poder Ejecutivo, así como proyectos abiertos por expedientes del radical Jorge Henn y otro de Más Varela, buscando dar participación del proceso legislativo a mediadores, comediadores, abogados, colegios de abogados, institutos de mediadores y asociaciones civiles, cuyo objeto son el estudio y la capacitación en la materia.
“Las modificaciones que introduce el decreto a la Ley de Mediación implican un exceso de competencias constitucionales por parte del Poder Ejecutivo, resultando de una gravedad institucional tal que invierte el fin de la mediación y obliga a judicializar aquello que debía solucionarse con otros medios más eficientes, rápidos y alternativos. No podemos explicarnos cómo el gobernador envió un mensaje a la Legislatura para trabajar sobre la Ley de Mediación y luego a días de terminar el año emite un decreto de dudosa constitucionalidad sin consulta ni participación del Poder Legislativo”, expuso el legislador.
Más Varela remarcó que “no se puede desconocer el fin que tiene la mediación prejudicial obligatoria, como así tampoco se puede desconocer los efectos positivos que desde su implementación ha venido produciendo este mecanismo de resolución de conflictos”.
Detalló el diputado rosarino haber tenido reuniones con mediadores y profesionales del derecho que rechazan la medida contenida en el decreto en cuestión, “no solamente les dimos nuestro apoyo sino también nos comprometimos a solicitar desde la Cámara de Diputados con otros bloques la derogación del cuestionado decreto al gobernador, invitándolos a trabajar sobre una ley superadora a la actual.
Por último lamentó que “la provincia de Santa Fe se encuentra ante nuevos reclamos judiciales por un accionar del Ejecutivo que no es adecuado al mandato constitucional y de los tratados internacionales. Creemos que el legítimo reclamo de los profesionales hará reflexionar al gobernador y dará marcha atrás en esta errónea decisión”.
Una nueva comisión
El gobierno provincial, a través de una resolución emitida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, creó una comisión de implementación de las nuevas disposiciones sobre mediación prejudicial contenidas en el decreto Nº 4.036. Esta norma, que fue dictada por el gobernador Miguel Lifschitz el 17 de diciembre, fija nuevos criterios en relación al sistema.
El objeto de la comisión es optimizar el proceso de puesta en funcionamiento de las modificaciones que plantea el decreto. Estará integrada por los secretarios de Justicia y de Coordinación Legal y Políticas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por dos representantes de cada una de las cinco circunscripciones de los Colegios de Abogados de la provincia, de los cuales uno debe ser mediador.
La comisión deberá proponer criterios y pautas destinados a optimizar la implementación y la aplicación de las reformas al sistema de mediación prejudicial obligatoria en un plazo de seis meses desde su efectiva conformación. Las conclusiones a las que arriben los distintos actores en este espacio deberán ser aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Silberstein explicó que “se estima oportuno y conveniente generar una instancia para promover el diálogo, la concertación y el consenso”. Ya se han ido realizando reuniones con representantes de los Colegios de Abogados y con mediadores “en las que se ratificó el consenso en implementar sistemas de encuestas y obtención de información relevante para trabajar en una mejor gestión de calidad, no en calificaciones individuales para cada mediador o comediador”, reveló el ministro.